Alcalde de Almería, sinónimo de desinterés

Seguro que en más de una ocasión habrán aplicado en su vida la popular expresión ‘Una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace’, que resume extraordinariamente bien la incoherencia entre palabras y acción por parte de algunos. Son muchas las situaciones en las que se puede emplear este dicho pero, sin duda, una persona que se lo ha ganado a pulso día tras día es el actual alcalde de Almería.

La lista de ejemplos que ilustran esa afirmación sería larguísima, empezando por la definición por parte del propio regidor de los presupuestos del año pasado como los más sociales posibles cuando la realidad es que un informe independiente de expertos en servicios sociales constató que el gasto anual en este apartado se redujo a 66,89 euros por habitante en 2017 frente a los 76,89 euros destinados en 2015. Con estos antecedentes y con los 26,6 millones presupuestados en 2016 -es decir, un dinero que el PP se comprometió a emplear en mejoras y servicios para Almería- y que luego no se gastaron por el alcalde y sus concejales, ¿quién se puede creer ninguna de las promesas que el equipo de gobierno haga sobre las cuentas que sacará adelante con Ciudadanos en 2018?

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Por una equiparación salarial

La seguridad es una de las necesidades básicas del ser humano, junto con la alimentación y el hogar, según la famosa pirámide motivacional de Maslow, quien afirmó que sólo cuando estos aspectos están cubiertos el individuo se siente capacitado para afrontar otros retos relacionados con el desarrollo cultural, el reconocimiento social y la propia autoestima. Para que la seguridad sea un derecho al que todas las personas puedan tener acceso es preciso que las instituciones públicas ejerzan la responsabilidad de garantizarla. Sin embargo desde el PSOE contemplamos atónitos cómo, cuando la derecha ostenta posiciones de poder, la seguridad pública se resiente, abriendo la puerta a sospechas de todo tipo que finalmente se concretan en el debilitamiento de los servicios públicos para abocar a los ciudadanos a contratar servicios privados.

Este hecho posiblemente pase desapercibido para una buena parte de nuestra sociedad, pero a menudo emerge a la opinión pública en forma de protesta, más o menos contundente, de personas que se sienten desprotegidas o de los propios agentes. No es por casualidad que no exista equiparación salarial entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con otros cuerpos de seguridad públicos.

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