Nuevo castigo al campo

Los almerienses estamos sufriendo un nuevo castigo impuesto por el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, a la provincia. En su momento, descubrimos cómo el agua desalada que riega los campos es mucho más barata, por ejemplo en Murcia, porque está subvencionada por el Gobierno. Luego, observamos con gran malestar cómo actuaciones que en otras ciudades se realizan íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aquí debemos pagarlas vía impuestos municipales, como la eliminación del paso a nivel de El Puche, a cuya ejecución contribuiremos a través del Ayuntamiento, con la ayuda imprescindible de la Junta de Andalucía.

Para colmo, si pensamos en el AVE, comprobamos que la doble vía dibujada en el mapa de la península ibérica, se detiene justo en el límite de nuestra provincia, lo que nos deja en situación de inferioridad con el resto de ciudades del Corredor Mediterráneo. Hace apenas un par de semanas miramos el balance total de inversiones del Gobierno de la nación para la provincia y, al comparar los 80€ por habitante que destina a Almería con los 217€ de media en España, nos percatamos de que somos la última en inversiones por habitantes de todo el país.

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Un alcalde callado ante Rajoy

La imagen se repite. Los Presupuestos Generales del Estado pasan por delante de nuestra ciudad sin atender necesidades que Almería viene reivindicando, y ante el silencio sumiso y cómplice de un alcalde del Partido Popular, que no es capaz de levantar la voz dentro de su formación política en defensa de los intereses de sus conciudadanos, a los que representa.

El proyecto de cuentas aprobado ha sido una nueva oportunidad perdida para que Fernández-Pacheco hubiera exigido actuaciones muy necesarias de cara al desarrollo económico y social de nuestra tierra. Prueba de hasta qué punto ha llegado su falta de empuje es el hecho de que, si a nivel provincial la inversión del Gobierno de Rajoy va a rondar los 80 euros de media por habitante, en Almería capital estaremos en torno a 49,50 euros por habitante, mucho menos de lo que los almerienses pagamos y de lo que religiosamente devolvemos al Estado vía impuestos.

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